Según reportes del diario El Espectador, la Dirección General de Casinos, órgano regulador del sector del juego uruguayo, dependencia del Ministerio de Economía, ha elevado un proyecto de Ley para poner en regla unas 25.000 máquinas de juego en locales comerciales. Por lo menos esta ha sido la declaración que el director general de Casinos, Javier Chá hizo a dicho diario, indicando que el Poder Ejecutivo ya debería tomar un posición sobre este asunto.

Por otro lado, el diario La República dice en titulares que la ‘Agrupación de "Padres preocupados por las buenas costumbres", legisladores, la Dirección General de Casinos (DGC), y el sindicato de trabajadores de la DGC pedirán apoyo al Presidente de la República José Mujica’ para que se prohíban las máquinas tragamonedas en kioscos y bares.

Uno se imagina que en la DGC existen dos bandos, unos por y otros contra el ordenamiento de las máquinas de juego fuera de los casinos y salas de juego operadas por el Estado, y las pocas empresas de operadores privados. Lo cierto es que la situación de las máquinas de juego de la discordia no puede seguir como están, en esta Suiza sudamericana, y eso de prohibirlas como intentan todos los de buenas intenciones, pues causaría más desbarajuste que su debido ordenamiento que ya se cae de maduro.

En un país, donde la legislación de juegos le permite al Estado operar los casinos en inversiones mixtas donde privados pueden asociarse con la DGC para beneficiarse de las bondades económicas que el sector del juego dispone, no debe ser tan difícil poner en cintura a los operadores de las máquinas en bares y centros comerciales porque según estos, sin el usufructo de estas, los negocios no funcionarían.

Es lamentable lo que reporta La Republica sobre la posición del sindicato de trabajadores de Casinos, oponiéndose a la legalización de las máquinas de juegos, porque esta miopía ante el panorama actual de este segmento de la industria no conduce a nada saludable, ni económica ni socialmente. Cualquier temor de que el ordenamiento de las máquinas ilegales pueda afectar la economía de sus miembros carece de sentido común. Las máquinas funcionan ahora, y los sindicalistas, peor no van a estar económicamente. Cualquier otro argumento de este sindicato es simplemente una tozudez.

Por su parte, la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (Aufoje) sigue buscando una solución equitativa para todos, especialmente para los negocios con máquinas de juego con el objetivo de enmendar el crecimiento sin control de este rubro, ya que en el 2006 el Poder Judicial declaraba que no violaban ninguna disposición legal.

Después de proyectos legislativos para prohibir las referidas maquinas en Uruguay, Jaime Ríos, presidente de Aufoje, ha declarado que “se trata de un juego de larga data en nuestro país y no es algo oculto, sino que estas máquinas están a la vista de todos, en clubes, salones, comercios, y se trata de máquinas que benefician a trabajadores uruguayos, sea a los comerciantes propietarios de esos lugares o a quienes las fabrican y las operan, porque detrás de esta industria hay miles de involucrados". En directa alusión la posición proteccionista del sindicato de trabajadores de casinos, Ríos dice sobre las máquinas: “Nosotros no las importamos sino que las fabricamos aquí y ya muchas de estas máquinas funcionan con software nacional, generado y testeado por ingenieros uruguayos. Son una forma sana de entretenimiento que no genera violencia ni problemas, y que ocupa mano de obra cien por ciento nacional".

En una sociedad donde los juegos de azar son parte del sector del entretenimiento, no es factible que se pretenda aceptar unos y prohibir otros. Lo que sí es esencial es que existan condiciones iguales o similares para todos y control regulativo y tributario también. Según Ríos, "el 50% de la ganancia se vuelca al local y eso ha permitido a muchos pequeños comercios poder sobrellevar, o hacer una mejora en el club, pagar la cuenta del teléfono o sencillamente tener una mejor calidad de vida. Hoy el juego es de acceso libre a todo público".

Una nueva legislación que controles este segmento comercial permitiría que la oferta de las máquinas al público en general evite el acceso de menores de 18 años de edad, se las controle fehacientemente, y generen renta al Estado con tasas e impuestos sobre las ganancias de las máquinas.

El proyecto de ley que propone Cha para establecer controles para regular el juego de azar fuera de las salas del Estado y de las que son explotadas por particulares implica permitir hasta tres máquinas en bares y cantinas, para lo cual, estas, sus propietarios, los locales comerciales y los dueños de los comercios deberán estar inscritos en un registro obligatorio controlado por la DGC, que será la encargada de determinar la autorización o no para explotar el juego de azar.

El proyecto establece que cada máquina pagará por mes un ficto al Estado por concepto de impuesto. Cha dijo: “Para obtener el permiso habrá que estar al día con todos los impuestos y se deben tener registradas las máquinas habilitadas de cada local. Esto hace que las que no estén habilitadas no podrán funcionar”.

Chá explicó que habrá controles y fiscalizaciones que se efectuarán en los bares y almacenes para constatar que se cumplan con las disposiciones. En caso de registrar irregularidades se penará con sanciones económicas y con la posibilidad de prisión. Es decir, la explotación irregular será un delito y no una falta, como lo es hoy en día. (S-11.10.10)

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