El segundo oferente mejor puntuado en la licitación del Hotel Carrasco presentó un recurso en el Tribunal de lo Contencioso en el que solicita la nulidad del proceso. Si la corporación hace lugar al reclamo, el concesionario debería devolver el edificio.

Cuando parecía que todo iba bien para Codere y Sofitel, el consorcio ganador de la licitación del Hotel Casino Carrasco, después de haber colocado la primera piedra para la gran remodelación del legendario propiedad uruguaya, el consorcio que se ubicó segundo en el controversial concurso, Dongara Investment Inc, ha presentado un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Según Gonzalo Ramírez, representante legal de Dongara, el fallo del TCA podría pronunciarse "en unos dos años".

En junio del 2009, la Intendencia Municipal de Montevideo adjudicó la propiedad al consorcio franco español bajo el nombre Carrasco Nobile, ganador de la licitación, después de numerosos reclamos de otros candidatos aduciendo malos manejos en la calificación del concurso. Según el recurso presentado al TCA, el ex intendente, Ricardo Ehrlich continuó con el proceso licitatorio a pesar de "diez observaciones" del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), donde se manifestaba "la violación del pliego, del principio de igualdad de oferentes y del principio de legalidad".

El recurso señala también que la Intendencia aceptó una garantía de fiel cumplimiento del contrato "absolutamente irregular", que no cumplía con el periodo de 30 años de la concesión; además de no presentar estados “contables verificados por una auditoría internacional, ni una garantía solidaria de Codere S.A., el grupo accionista mayoritario de Carrasco Nobile, con el 51% de acciones. Dongara también acusa a la IMM de aceptar la peor oferta", porque el canon ofrecido por Carrasco Nobile era “el más bajo".

Ramírez también ha presentado la "suspensión del acto administrativo", es decir de la adjudicación del concurso a favor de Carrasco Nobile, que es un reclamo, de trámite "rápido", y que de ser aceptado por el TCA podría paralizar las obras en seis o siete meses. (S-09.08.10)

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