En su edición del 23 de octubre, el diario El Universo de Guayaquil publica un articulo que empieza: “Ni las disposiciones legales, ni resoluciones del anterior Tribunal Constitucional (TC) consiguieron que las salas de juego de Invermun dejen de funcionar en el país. La empresa está acusada de entregar sobornos a actuales funcionarios del Estado, a cambio de permitir la apertura de sus establecimientos”.

“Según la Ley de Turismo, vigente desde diciembre del 2002, para estas actividades se requiere el registro y la licencia de parte del Ministerio del ramo y los casinos solo pueden operar en hoteles de lujo o de primera clase. Invermun y sus empresas vinculadas no cumplen con estos requisitos.

“Pese a la serie de cuestionamientos presentados ante las autoridades del Gobierno por la Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador (Ascabi) desde 1999, ninguna autoridad hizo cumplir la ley.

“La presentación de amparos en distintas poblaciones con el respaldo de los jueces, el cambio de nombres de las empresas, su razón social y de representantes legales se convirtieron en sus herramientas para abrir 84 establecimientos en el país y tener más de 7.000 máquinas tragamonedas”.

Lo que sigue en la nota es algo parecido al reino de los recursos de amparo en el sector del juego en Perú que por unos diez años permitió el funcionamiento de salas de juego sin el control de las autoridades, y sin pagar los impuestos de Ley por concepto de la práctica de esta actividad.

Hecha le Ley, hecha la trampa
Cuando a fines del milenio le pregunté a un abogado peruano porque existían tantos recursos de amparo en el sector del juego, en vista de que las empresas afectadas por los antojadizos cambios en al legislatura del sector solamente afectaban a unas cuantas empresas. La respuesta del sabio letrado llegó rápida con palabras fulminantes hacia los mercaderes de estos fallos judiciales que en su mayoría eran ‘arreglos’ con magistrados corruptos.

“Hecha la Ley, hecha la trampa”. Con estas palabras, el doctor peruano sentenció la naturaleza vil de ciertos empresarios que con respaldo de sesudos abogados escudriñan las piezas legislativa que emanan de los Poderes del Estados para encontrar el área gris, el vacío legal, el hueco infame, por donde puedan meter el camión del Habeas Corpus para cautelar los derechos constitucionales de la persona natural o jurídica y adquirir un recurso de amparo constitucional.

Por supuesto que en nada ayudan las limitaciones intelectuales, intereses privados o partisanos de los políticos que preparan, discuten y legislan sobre cierta actividad, especialmente si esta no tiene antecedentes legales en el país, y muchas veces con soberbia nacionalista modifican con ínfulas de atender las idiosincrasias locales normas técnicas de otros países para aplicarlas con desventaja y llenarlas de vacíos legales en el suyo.

El abogado me contó que en cierta época, se había aprobado en Perú una Ley para promover la exportación de productos no tradicionales, mediante un pago financiero porcentual por parte del Gobierno, a empresarios que logren divisas para el país con la venta y exportación de sus productos al extranjero. Entendiéndose como productos tradicionales a aquellos como el arroz, azúcar, algodón, petróleo y minerales que se exportaban del Perú de hacen siglos atrás.

Como las piedras no se encontraban entre los productos tradicionales, un empresario encontró el hueco, y mi amigo me contó que al amparo de la Ley procedió a exportar piedras de un lado del Perú al otro lado de Ecuador, supuestamente a una empresa suya en ese país también, recibiendo millones en pagos del Gobierno por la labor de esta ingeniosa empresa exportadora de productos no tradicionales.

Pasó un tiempo antes que los legisladores padres de la abusada Ley se dieran cuenta del rocón que habían creado, y nos imaginamos que es ahí donde también levantaron su cochina cabeza letrados y magistrados con documentos judiciales amparando a personas naturales o jurídicas con derechos constitucionales legítimamente vulnerados.

Ante tanto atropello gubernamental, jurídico y personal, muchas hemos veces ponderado sobre la capacidad de legisladores y doctores constitucionalistas para cautelar los derechos del Estado y la Sociedad contra exportadores de piedras o traficantes de recursos de amparo que abusan de los desaciertos legislativos humanos, por decir lo menos, e instalar en la Carta Magna de un país la parte correspondiente para defender los Derechos del país y sus habitantes contra el ultraje de estos timadores.

Ecuador en la encrucijada
Como su hermana andina al sur, que tuvo su momento de locura legislativa en el sector del juego, la nación de Ecuador se encuentra en medio de una situación similar, al tener normas para el funcionamiento de casinos bajo dependencia del Ministerio de Turismo, pero no existe claridad sobre el funcionamiento de salas de juego con máquinas tragamonedas, bingos, etc...

Lo que si es cierto es que el Tribunal Constitucional de Ecuador “emitió en el 2002 una resolución favorable a un amparo interpuesto por los ciudadanos Reinaldo Páez, Omar Alfaro, Roberto Pavón y Carlos Espinosa, en la que ordena al Ministerio de Gobierno, de Turismo y otras instituciones a no otorgar licencias e impedir el funcionamiento a salas de juegos con tragamonedas, al margen de la ley”.

Ante la acusación del ex empleado de la empresa Invermun, Jaime Solórzano, contra Pierina Correa, hermana del presidente de la República, Rafael Correa, de recibir dinero de Invermun, además de otras personas como el alcalde de Yaguachi, Daniel Abecilla, el legislador Gastón Gagliardo, el intendente de la provincia de Guayas, Julio Quiñónez, y el ministro secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, entres otras, tanto el Gobierno como el fiscal general del Estado, Washington Pesantez, tienen la obligación de esclarecer este gigante caso de supuesta corrupción que involucra a autoridades del Gobierno, acusadas de recibir sobornos de Invermun.

El Universal añade: “El ex presidente de Ascabi, Anston Lowndes, dijo que cuando informó esto a las autoridades los representantes de Invermun lo demandaron y lo persiguieron. Explicó que en 1999 esta empresa vino al país y pidió invertir en el sector, pero al conocer las condiciones y los requisitos, prefirió hacerlo de manera ilegal.

‘Todo empezó cuando interpusieron un recurso en Tosagua por la clausura a uno de sus locales. El juez José Luis Zevallos aceptó el amparo y resolvió que ninguna autoridad pueda limitar la actividad’. Hechos similares se produjeron en Guayas con el juez Jorge Moreno y en Santa Elena”.

La falta de claridad en cualquier empresa, y especialmente en legislación del juego es el caldo de cultivo para el desarrollo de los gusanos jurídicos que amparan actividades en áreas grises e la Ley. Ecuador debe mirar las legislaciones de Perú y Chile para desarrollar su propia legislación del juego que termine con las actividades explotadas al margen de una nueva Ley que proteja los intereses del Estado y la Sociedad. (S-10.23.09)

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