La audiencia de acción de protección que el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (CEDHUS) planteó en contra del primer mandatario, quedó fijada para el 1 de marzo en este año. Francisco Zambrano, secretario del CEDHUS, dijo que serán convocados a la audiencia el presidente de la República, Rafael Correa, y el procurador del Estado, Diego García.

La CEDHUS solicitó esta audiencia en defensa de los trabajadores de las salas de juego de azar, quienes se encuentran amenazados de perder sus trabajos si gana el sí en la pregunta 3 de la consulta popular convocada por el Ejecutivo. El argumento es que dice: ¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juegos?

La pregunta dice: ¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juegos? atenta contra el derecho al trabajo de más de 30 mil ciudadanos en todo el país, y perjudicaría directamente a las familias de los trabajadores en todo Ecuador.

El Presidente Rafael Correa declaró sus intenciones de cerrar los casinos de Ecuador en junio del año pasado, con la declaración de que tanto los juegos de azar como las bebidas alcohólicas reducen el nivel de vida en la sociedad. Al mismo tiempo, Correa dijo que se necesitaba el respaldo de una reforma constitucional, y con la ayuda del Tribunal Constitucional, es más inminente su deseo de “Declarar a Ecuador libre de casinos”.

El TC aprobó un referendo con 10 preguntas para que los electores ecuatorianos decidan si se prohíben los juegos de azar, las corridas de toros y las peleas de gallos, en Ecuador, y ha declarado que la decisión del TC es un “triunfo de la democracia”. Aunque se habla de la imparcialidad del TC, la oposición ha vociferado que este se encuentra sometido a la voluntad presidencial. Esto último no es algo inusual en muchas democracias. (S-02.22.11)

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