La Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador (Ascabi) ha cuestionado la consulta que el Ejecutivo ha enviado a la Corte Constitucional para su calificación, en relación a su empeño en prohibir el funcionamiento de casinos y salas de juego en el país sudamericano, por considerarla inadecuada.

Jaime Roura, representante legal de Ascabi, comentó: “La pregunta debe ir dirigida a eliminar los juegos de azar que funcionan de forma ilegal y no los que están regulados por el Ministerio de Turismo. No pueden mezclarnos a todos, indicó, porque cumplimos con los requisitos que estipula el Reglamento de casinos y salas de juegos. Hacemos un llamado para que se convoque a la Asociación y así poder explicar a los magistrados que nosotros funcionamos dentro del marco legal y no causamos ningún problema al segmento vulnerable de la sociedad como lo estipula la pregunta formulada por el jefe de Estado”.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, fundamentó su decisión en que los juegos de azar tienen repercusiones negativas en la sociedad, específicamente en la juventud por la forma rápida y fácil en que muchas veces se consigue dinero. Correa dijo además que el sector del juego “ha generado una fuente de corrupción en diferentes ámbitos, inclusive en las instituciones estatales, en las que algunas autoridades administrativas y judiciales han intervenido de manera dolosa para proteger los derechos vulnerados de sus protegidos.

En respuesta a este argumento Roura expresó “que los 31 casinos y salas de juegos asociados a Ascabi se encuentran ubicados en los hoteles de lujo y solo atienden a clientes de estrato alto y en su mayoría turistas, lo contrario ocurre con los establecimientos ilegales a quienes debe ir dirigida la pregunta. Nosotros, indicó funcionamos con los registros de turismo autorizados y expedidos por el Estado a través del Ministerio de Turismo y han sido otorgados en base a las leyes de fomento a la inversión, como la Ley Especial de Desarrollo Turístico”.

Desde el año 2009 en que Fabricio Correa, hermano del jefe de Estado, denunció supuestos sobornos a políticos y funcionarios del régimen por parte de la empresa de casinos Invermun, los casinos, salas de juegos, bingos y máquinas tragamonedas están en la mira del Estado. La empresa Invermun S.A. en la actualidad es dueña de 34 salas de juegos en el Litoral, y funciona con un recurso de amparo otorgado en febrero del 2004 por un juez de Tosagua (Manabí) y cuenta con 1.600 empleados.

Un caso similar ocurrió en Brasil en el 2004, cuando uno de los hombres de confianza del ex presidente Lula, y su hermano, se vieron involucrados en un caso de corrupción con una agencia de Lotería. Por lo delicado del asunto que específicamente afectaba a su gobierno, Lula decidió cerrar los bingos en el país, creando no solamente una situación de zozobra en la actividad que ahora funciona ilegalmente. La diferencia entre estos países es que mientras que en Brasil no existe una Ley de Juegos en Ecuador, sí.

Como en Perú hasta el 2008, donde existieron funcionarios y jueces corruptos que otorgaron amparos judiciales para que funcionen salas de juego al margen de la Ley, en Ecuador, empresarios inescrupulosos han utilizado la misma fórmula para aprovechar la falencia humana de ciertos funcionarios y jueces y gestionar salas de juego que no pagan impuestos y no contribuyen con la sociedad ecuatoriana.

Los reportes en Ecuador dicen que según Ascabi, “entre los funcionarios corruptos señalados por Jaime Solórzano, ex empleado de Invermun, estaban los hermanos Vinicio, Fernando Alvarado, secretarios de la Administración y de Comunicación del Gobierno, respectivamente, además de legisladores, miembros de la Policía, Pierina Correa, hermana del Primer Mandatario; y, Javier Veintimilla, ex asesor del Ministerio de Trabajo”.

Lo que debe hacer Correa, es limpiar el país de funcionarios corruptos e investigar a los personajes mencionados por Solórzano, además de todo el aparato judicial, y usar el ejemplo de Perú, donde el legislativo paso una Ley en 2008 reordenando el sector del juego para respaldar un crecimiento que brinde beneficios al país. Como se pude ver en Brasil y en Rusia, que prohibieron el juego, este acto solo exacerba la corrupción y la ilegalidad. (S-01.24.11)

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