La Ley de casinos, que fue una de las principales promesas en la campaña política de la ex ministra de Justicia y hoy actual presidenta de la República, Laura Chinchilla, con el principal objetivo para la recaudación de fondos para financiar los programas de seguridad ciudadana en Costa Rica con impuestos a todas las operaciones de juego, sean estas casinos tradicionales online, incluidos los sportbooks, se ha entrampado en las comisiones legislativas, donde las discusiones se centran en definiciones antojadizas y no en cumplir diligentemente con una necesidad real del país.

Un año y medio después de su elección, los ministros y aliados políticos de Chinchilla en la Comisión de Hacienda no logran entender que tan pronto se apruebe la Ley de casinos el gobierno tendrá a la mano los fondos que se generen por la operación de los negocios de juego y apuestas. Sin embargo, discusiones sobre el expediente 17551 de la Ley de regulación de apuestas, casinos y juegos de azar, tiene a los legisladores cuestionar sobre si uno u otro es el objetivo de la iniciativa: si generar recursos para el equipamiento del Ministerio de Seguridad Pública o controlar la actividad en el país. La respuesta es que ambos objetivos ¡van de la mano!

El martes pasado se aprobó un texto sustitutivo a la actual norma, que propone cambios en el cobro del impuesto a las casas de apuestas, que “establece un impuesto para las mesas de juego de US $300 cuando operen menos de 10 horas y de US $500 cuando operen más de 10 horas”. Es decir, un cambio insignificante a las operaciones de juegos que ya pagan impuestos y nada de nada que toque a los sportbooks. Es decir, una ley a cuentagotas.

En junio pasado, la Fracción del Partido Liberación Nacional propuso los cambios a las regulaciones e impuestos en un nuevo texto a la “Ley de Regulación de Apuestas, de Casinos y Juegos de Azar”, que presentaron ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, especialmente prohibiendo que “los concesionarios de las licencias para este tipo de establecimientos no contribuyan a sufragar gastos de campañas electorales de los partidos políticos”, o las donaciones directas o indirectas a candidatos electorales.

Francisco Chacón, vocero de la Fracción del PLN en la Comisión de Hacendarios, dijo que el proyecto de ley tenía por “establecer estrictos controles y gravar fuertemente esta actividad”, creando un impuesto mensual sobre la actividad de los centros de apuestas, casinos o juegos de azar del 15 % sobre el ingreso bruto mensual, que sería destinado a financiar programas de seguridad ciudadana para combatir la delincuencia.

Por su parte, la diputada Ileana Brenes, también de la misma lineación política y firmante del proyecto, dijo: “La fracción liberacionista ha hecho un esfuerzo grande por preparar un texto riguroso en la aplicación de regulaciones y con impuestos que sean viables en su cobro”. El proyecto también establece un impuesto de US$ 250.000 para los call centers de apuestas online o sportbooks que operen centros de apuestas virtuales y un impuesto de US$300 por cada una de las mesas de juego autorizadas en los casinos, así como US$150 por cada máquina.

La semana pasada, un reporte sobre los avances a paso de tortuga de la Ley tica explico que el viceministro de Seguridad Pública Mauricio Borascci tuvo la delicadeza de realizar una serie de sugerencias sobre el léxico para diferenciar lo que es un casino físico de un casino virtual y también de un centro de procesamiento de llamadas, más comúnmente conocidos como ‘call-centers’, y los ubicuos sportbooks.

Borascci insistió en que se debe definir cada actividad con precisión, indicando que los call- centers presentan una “dualidad” porque muchos los catalogan únicamente como centros de atención al cliente, pero muchos utilizan un dialer (marcador) con el que van ayudando al apostador a construir la apuesta hasta cerrarla.

Aparte de otras exquisiteces del distinguido viceministro, como “controlar al cliente ya que cuando ingresan a un casino, estos deberían reportar hasta cierto monto del dinero que llevan para gastar”, algo que parece una necedad por lo impráctico del asunto, es preciso dirigir al ejecutivo de hacienda hacia la vecina Nicaragua, donde su nueva Ley contempla y trata con inteligencia y modernidad todo el asunto del juego, apuestas, reales, virtuales, remotas y presenciales con o sin dialer o dealer, en un documento llamado Ley General de Apuestas. Punto.

No es que las definiciones no sean necesarias en un documento legislativo, pero tampoco vamos a esperar que la lingüística trabe a una ley como el trabalenguas a un pobre tartamudo. Una ley se puede diligenciar o complicar según la voluntad política que exista en sacarla adelante. En Nicaragua ha existido esa voluntad política, que se manifestaba urgente en las promesas electorales de la presidenta Chinchilla porque la regulación de casinos actual de Costa Rica de 1978 es obsoleta y débil, y solamente le genera al Estado tributos necesarios a cuentagotas también. (S-11.17.11)

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