La semana pasada, el Consejo de Ministros de Estado aprobó el proyecto de Ley del Juego en España. La parte principal de la nueva Ley concierne al juego online, que funciona fuera de toda ley nacional o autonómica específica y que se presta a abusos de operadores inescrupulosos.

El vicepresidente primero del Gobierno y Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que la nueva Ley propone reglamentar el juego dentro de "una realidad muy distinta a la que conocía la legislación anterior". El proyecto ha sido pactado con las comunidades autónomas que recibirán la recaudación de los nuevos impuestos sobre las apuestas online.

Según el Proyecto de Ley las apuestas por Internet pagarán impuestos pero este impuesto no recaerá sobre los usuarios, si no sobre los ingresos brutos de las compañías. Los impuestos recaudados se destinarán a las comunidades autónomas.

Efectivamente, cada comunidad autónoma recaudará los impuestos generados por los usuarios que apuesten desde su territorio, cualquiera que sea la página web en la que jueguen, siempre que esta tenga licencia para operar en España. Mientras, el Estado recaudará lo generado por los usuarios que jueguen en páginas web de operadores con licencia en España desde fuera del territorio español.

Hasta la fecha, las únicas actividades reguladas eran las del juego en casinos o bingos, que se rigen por leyes autonómicas y pagan impuestos en cada autonomía. Sin embargo, hasta el momento no existe una ley de carácter estatal que regule el sector en su totalidad y tampoco existe norma aprobada que contemplara la existencia de las empresas de apuestas por Internet, a pesar de que este tipo de casas de apuestas llevan tiempo operando en España y tienen una importante influencia en otros sectores. El proyecto de Ley del Juego pondrá fin a todo esto con su aprobación.

La nueva normativa, que prevé un régimen de licencias previas para operadores de juego, no afectará ni a la ONCE, ni a las Loterías y Apuestas del Estado. Rubalcaba dijo que el Ejecutivo ha aprovechado esta ocasión para dar rango de ley a la normativa básica que rige la lotería de la Organización de Ciegos de España - ONCE para que cuente con "una normativa lo más estable posible", y con esta norma, que se tramitara de urgencia en el Congreso de Diputados, la organización "queda reforzada".

Para evitar que las empresas de apuestas online traten de burlar el pago de los nuevos impuestos operando desde servidores instalados en otros países, el proyecto de Ley del Gobierno contempla actuaciones para cortarles los ingresos a través de empresas intermediarias como los medios de comunicaciones para que prohíban su publicidad, las entidades financieras que se usa para las transacciones de pagos de apuestas, y los mismos operadores de telecomunicaciones.

Las empresas que incurran en infracciones muy graves, como ofrecer juegos sin licencia o manipular los sistemas técnicos para obtener los premios, se enfrentarán a sanciones que pueden alcanzar los 50 millones de euros.

Adicionalmente, la Ley fija un régimen de autorización previa para los operadores que quieran explotar alguna actividad relacionada con el juego para garantizar la protección de los usuarios, y vetar la participación en este tipo de actividades a los menores de edad y a las personas que voluntariamente lo hubieran solicitado. (S-02-07-11)

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