Es casi ya legendaria la intención de los gobiernos costarricenses y su afán de legislar el sector del juego, pero ninguna administración había realizado propuestas electorales al respecto como la de la actual presidenta Laura Chinchilla, quien dijo, cuando ministra de Justicia en la previa administración, y candidata presidencial poco después, que una nueva Ley para el sector del juego era necesaria para financiar los programas de seguridad en el país centroamericano.

Al margen de haberse equivocado con las cifras que provendrían del sector del juego con una nueva legislación y sus alcances tributarios para financiar los programas de seguridad, quienes respaldaron la propuesta electoral de Chinchilla, siguen sin llevar al Congreso el proyecto que planteaba posibles ingresos por unos US $100 millones.

Guillermo Zúñiga, presidente de la comisión de Asuntos Hacendarios y ex ministro de Hacienda en la administración anterior del presidente Arias, declaro la semana pasada que el nuevo impuesto a los casinos y negocios de juego online está en proceso de redacción y que el Poder Ejecutivo ya convocó el expediente al Congreso, con la aclaración de que este, solamente financiaría parte de los programas de seguridad con un impuesto a los casinos. El financiamiento a los planes de seguridad ciudadana vendría por tributos que también incluirían a personas jurídicas.

Según el expediente 17.551, que originalmente plantea un impuesto del 2% de las ganancias brutas de las empresas dedicadas al juego, pero sigue durmiendo el sueño de los justos en la comisión legislativa, aunque la nueva información dice que Hacienda está trabajando “en los estudios sobre la cantidad de recursos que podría recogerse”.

Lo que ha creado cierta desconfianza en la Oposición es que Hacienda tiene planes para imponer un impuesto de US $300 a las personas jurídicas, para que el Gobierno pueda cumplir la promesa electoral de la presidenta Chinchilla sobre la inversión en seguridad ciudadana, con una recaudación adicional de 50.000 millones de colones (unos US $97 millones).

La propuesta legislativa del sector del juego también tiene intención de crear una Comisión Nacional Reguladora de Apuestas, responsable de otorgar, renovar, controlar y suspender las licencias necesarias para la operación de estas actividades.
(S-08.09.10)

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