Al terminar el debate 'La Nueva Regulación del Juego: Horizonte normativo y homogeneización del sector', organizado por Gestiona Forum en Madrid, con la participación de Eduardo Antoja, vicepresidente de la Confederación Española de Empresarios del Juego (COFAR), Sacha Michaud, portavoz de la Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI), y Fernando Prat, director general de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Comunidad de Madrid, existió no solamente una firme posición de los operadores de juego españoles, sino una crítica general al anteproyecto de Ley del Juego que ha elaborado el Gobierno.

Antoja dijo que COFAR llevará el caso "donde sea necesario" para conseguir que se reconozcan sus reivindicaciones, lamentando que el Gobierno haya escuchado sus peticiones y subrayando que acudirán a otras instancias para hacer valer su opinión. Antoja apuntó que COFAR se ha mostrado en contra del actual régimen de concesiones y ha subrayado la necesidad de que la nueva ley regule "todos los canales" de apuestas, ya que actualmente "el juego 'online' se salta toda fiscalidad".

Por su parte, Michaud, ha exigido que en la Comisión Nacional del Juego, a la que el anteproyecto convierte en órgano regulador del sector, exista una representación de las apuestas 'online'. Asimismo, ha opinado que LAE deberían tener las mismas condiciones que el resto en el momento en que se privatice.

Además, en lo que respecta a los nuevos impuestos al juego, Michaud dijo que era beneficioso seguir un ejemplo como el de Inglaterra, que es “un mercado maduro” cuyos operadores pagan impuestos sobre lo que ganan, a diferencia de lo previsto en el anteproyecto de ley que establece como base imponible del nuevo impuesto del juego los ingresos brutos de las casas de apuestas, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego.

Fernando Prat, consideró necesaria la regulación estatal del juego 'online' porque solamente así se garantizará el control de los movimientos financieros, para lo cual ha recomendado un sistema abierto como el actual modelo Británico, que no limite la oferta del juego al país. Además, el funcionario madrileño propuso un escenario de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para evitar los conflictos regulativos y se ha opuesto a la formación de la Comisión Nacional del Juego como órgano regulador, optando en vez por un órgano interadministrativo como el Consejo de Política Fiscal, con competencias ejecutivas donde participen Gobierno y las autonomías. (S-01.28.11)

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