En declaraciones al diario El Pais, el flamante director de Casinos del Estado, Javier Chá, confirmó que la regularización de las tragamonedas informales es el principal cambio de política en el sector. En Uruguay existen más de 15.000 de estas maquinas de juego informal con una recaudación anual estimada en US $18 millones.

La Dirección de Casinos, conjuntamente con el Ministerio de Economía presentará este año un proyecto de ley al Parlamento con el objetivo de reglamentar este sector. Como parte de la iniciativa, los empresarios dueños de los slots informales deberán tributar al Estado, y registrar el retorno de los pagos en las maquinas a los apostadores. Chá añadió: "Hay un vacío legal con esos slots. Procuraremos regularizar esa actividad”.

En comentarios adicionales sobre la situación actual del sector de casinos en Uruguay, Chá dijo que las salas estatales y las asociadas con privados "son un ejemplo a nivel internacional" en materia del porcentaje de retención de las máquinas habilitadas, que oscila entre el 6% y el 8%, y con las maquinitas informales "el retorno para los ciudadanos deberá ser igual o similar al del Estado. Una cosa es el juego, otra es una mera transferencia de recursos".

Un problema grave que tiene el Estado la ubicación de las maquinitas ilegales, porque según informes, la mayoría de ellas se encuentra en los barrios periféricos de Montevideo y cerca de escuelas y liceos, funcionando en kioscos, bares y comercios, y en cantidades indiscriminadas, desde un par hasta locales con mas 25 máquinas.

Chá dijo que el proyecto de ley pretende corregir esa anomalía: "No se podrá instalar máquinas tragamonedas en cualquier lado y en cualquier situación. Ni en cualquier metraje ni funcionarán en cualquier horario".

Según Walpirio Cardozo, presidente del sindicato de propietarios de slots (Aufoje), desde hace cinco años que esta asociación, con estimados de unas 15.000 máquinas operando con una recaudación de unos US $100 mensuales cada una, busca un sistema para pagar los tributos al Estado. Cardozo dijo: "Creemos que pagaríamos US$ 4 millones al año al Estado si operamos en regla". (S-04.06.10)

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