La secretaria de la Junta de Control de Juegos (JCJ) de Panamá, Giselle Brea, informó el sábado pasado, la cancelación de contratos de operación de cuatro empresas y de la clausura de salas de máquinas tragamonedas de tipo “A”, y al mismo tiempo aseguró que con las medidas se logrará reducir la cantidad de salas de máquinas tragamonedas para “poder brindar una respuesta satisfactoria al pueblo panameño con respecto al escándalo que envuelve a los accionistas minoritarios de la empresa Gaming & Service de Panamá, S. A.”.

Brea también dijo que se cancelarán los contratos con el estado que mantienen las empresas Comput Bingo, S. A., Competiciones Deportistas, S. A., Lucky Games, S. A. y Silver Cup, S. A. para la operación de salas de juego por haber sido “otorgados de forma directa y sin haber participado en ninguna licitación pública”. En Panamá circula el rumor que Lucky Games había pagado unos US $20 millones a un ex presidente del país centroamericano para lograr su licencia de operaciones.

Al mismo tiempo, la JCJ ha resuelto que la empresa Gaming & Service de Panamá ha obtenido la operación de doce salas de máquinas tragamonedas tipo "A", por el pago de US $12 millones. Esta empresa también deberá presentar, en un plazo no mayor de 30 días, una declaración jurada certificando que la empresa española Cirsa es propietaria del 100% de las acciones y no existe ningún otro beneficiario. Por su parte, Cirsa deberá pagar al Estado la suma de US $6 millones, como compensación “por el mal uso de las equiparaciones”. (S-08.17.09)

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