Mientras la jueza Fanny Canessa sigue interrogando y confrontando a funcionarios y jerarcas de pasadas administraciones estatales y locales por las millonarias pérdidas de US $14 millones en los Casinos de Montevideo, en el periodo 2000-2005, la jueza Graciela Gatti, especializada en crimen organizado, ha citado nada menos que a 60 personas para que declaren su parte el próximo viernes 30 de julio, sobre supuestas irregularidades en el contrato firmado en 2009 entre la Dirección de Casinos del Estado y la empresa inversora del casino Nogaró de Punta del Este.

En el asunto de los casinos de Montevideo, el entonces Director de Casinos, Juan Carlos Bengoa, ya se comió su anticucho de más de dos años, por habérsele encontrado responsable de por lo menos, negligencia, pero los altos funcionarios, solamente dijeron de este chancho no he comido yo, y siguen repitiendo hasta el cansancio de que durante los 5 años en que los casinos de Montevideo se desangraron, el único responsable fue Bengoa. Como decir: “yo no disparé, señor, el pelotón ejecuto al preso, ¡ellos lo mataron!”

Algo sumamente gracioso con respecto al affaire de los casinos en la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), fue que al terminar sus funciones en la capital uruguaya, el Director de Casinos, fue ascendido, uno entiende por la gran labor desempañada en Montevideo, a Director de Casinos del Estado, es decir, de todo el Uruguay.

O sea que en vez de sacarle la lucecita que dice “no pago por mal función”, Bengoa se sacó el Jackpot, y el premio se lo entregó el ‘jefe de sala’, que entonces se encontraba a cargo del Ministerio de Economía de Uruguay, el jerarca político, Darío Ascoldi. ¡Cosa más grande de la vida!

Bueno, en lo que respecta al cuestionado contrato la jueza Gatti ha citado a los titulares de las firmas involucradas, incluyendo a jerarcas de varias áreas de Casinos y del Ministerio de Economía y Finanzas. Todos estos, funcionarios con padrinos políticos.

Según el cronograma de eventos, la DCE alquilaba el local en el hotel Nogaró a la familia Sagasti, propietaria de éste, y falló en convertir la opción de alquiler del local a su vencimiento, para volver a arrendarlo, por lo cual se rescindió el contrato. Acto muy seguido, Vidaplan, la empresa que gestiona el casino del Hotel Mantra, arrendó el local a la familia Sagasti, y poco tiempo después, ofreció el local a la DCE, dentro de un acuerdo de sociedad mixta con el Estado, mediante la cual, los privados aportan la sala de juego y el Estado opera el casino, pagándole al privado, un canon como arrendamiento, y recibiendo además un porcentaje de los resultados del negocio.

Según el reporte en manos de la jueza, el canon que el Estado paga por arrendamiento del local en el hotel Nogaró al subarrendador, supuestamente, es 10 veces más que el precio que le pagaba a la familia Sagasti, como arrendador, bajo las condiciones del contrato que la DCE dejó resolver. Como es de conocimiento público, la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju) de Uruguay, denunció el caso a la Justicia Penal a fines del 2009.

Según el contrato del privado Vidaplan con Casinos del Estado, el compromiso de inversión es de “US $18 millones para construir un complejo turístico en el edificio del Nogaró”. El contrato de (sub) arriendo entre Vidaplan y DCE es de 15 años, y según un reporte local, “en marzo pasado, el Ministerio de Economía resolvió pagar a la empresa US $7 millones por concepto de arrendamiento del local por el período enero-diciembre de 2010”.

Un reporte del respetado diario El País, dice que el actual director de Casinos, Javier Chá, comentó que el Estado "hizo un buen negocio con Vidaplan, ya que pasó de alquilar un inmueble -el Nogaró- a tener un negocio montado con decenas de maquinitas”. Lo que ahora falta saber, es cuál es el porcentaje que recibe Vidaplan y cuando van a ajusticiar al funcionario que dejó vencer la opción del contrato de arrendamiento del local del Nogaró, para convertir al Estado en socio del subarrendador. (S-07.23.10)

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