Después de la realización del debate en Plenario de la Cámara de Diputados para realizar la votación sobre el proyecto de ley para legalizar las operaciones de bingo en Brasil, existe una falta de concordancia entre los líderes de los partidos políticos y la Cámara continua dividida con relación a este proyecto legislativo.

A pesar de que los juegos de azar fueron prohibidos en 2004 por resolución presidencial, el Ejecutivo se ha mantenido al margen del debate sobre la propuesta del diputado Regis de Oliveira, que fuera aprobado por las comisiones en setiembre del 2009, incluyendo la Comisión de Constitución, Ciudadanía y Justicia (CCJ).

Oliveira confirmó que la legalización del juego en Brasil aumentaría las recaudaciones fiscales del Estado y crearía más de 250 mil empleos. Durante el debate en el plenario, el Secretario de Justicia Romeu Tuma Júnior, dijo que el juego era la antesala de crímenes de lavado de dinero, y que el Estado no tenía la capacidad para controlar los bingos.

Oliveira comentó: “El fisco tendrá todos los instrumentos necesarios para controlar el juego, en absoluto. El bingo, como sucede en otros países, es totalmente controlado por el Estado, y no puedo creer que nuestro país no tenga la capacidad para ejercer los poderes necesarios para controlar el juego”.

Por su parte, el diputado Paulo Bornhausen, dijo que considera inoportuna una votación sobre la Ley de Bingos en un año electoral: “Sin querer discutir sobre los méritos de la ley, yo diría que es una imprudencia del Congreso Nacional, y principalmente de la Cámara de Diputados, votar sobre esto antes de las elecciones”.

Otro proyecto para legalizar los bingos que se encuentra en la Comisión de CCJ, ha sido propuesto por el senador Garibaldi Alves Filho, mediante el cual la explotación del bingo se convertiría en un servicio público bajo el control directo de los estados y el Distrito Federal, los que podrían explotar el juego directamente o mediante un operador.

El proyecto de Alves Filho consiste en la operación de bingos en forma tradicional, con cartones impresos o en cartones virtuales de monitores electrónicos. Las recaudaciones se distribuirán con 55% para los premios, 25% para los gastos operativos, 18% para los servicios penales y seguridad pública, y el 2% para la fiscalización de las actividades del juego.

El senador dijo que la mera prohibición de los bingos simplemente alimenta las operaciones clandestinas del juego y todas las consecuencias que esto acarrea, convirtiendo los empleos en subempleos, y sin tributaciones para el Estado, además de convertir en crimen todo aquello relacionado con el juego que opera fuera de los parámetros legales. (S-04.12.10)

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