No solamente sucede en el sector del juego. Existen políticos que siempre van a esperar a las últimas instancias antes de deja el poder para firmar decretos y leyes favoreciendo a sus amigos o patrones. No digo patrocinadores o lobistas, sino patrones, porque mientras las campañas políticas tengan presupuestos de inversión, los intereses siempre priman.

Una de las muestras más claras del trabajo entre gallos y medianoche fue la firma de la norma contra las transacciones financieras para perpetuar la ilegalidad del juego y apuestas en línea en EEUU, cuando se pasó la Ley contra el juego ilegal por Internet (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act - UIGEA) a la medianoche del día en que el Congreso cesara por las elecciones del 2006, antes del fin de la primera administración de George W. Bush, como complemento de una nueva Ley de Seguridad Portuaria.

En Argentina, la representante Elsa Carrió le ha cantado sus verdades al ex presidente Nestor Kirchner por haber ampliado la autorización de máquinas de juego en el Hipódromo de Palermo en Buenos Aires, varios años antes de que se cumpla, justo antes de terminar su mandato en la Casa Rosada. La autorización por 15 años adicionales y un aumento en miles de máquinas de juego favorece a la empresa Casino Club, que también es propietaria del 50% de los casinos flotantes en Buenos Aires. Negocio redondo.

En Mendoza, donde el gobernador veto la Ley para prohibir la instalación de más casinos en la provincia argentina, el gobernador Celso Jaque aprobó en diciembre pasado un decreto habilitando a la empresa Clad Developer S.A. para que construya un hotel cuatro estrellas con casino en el departamento de San Martín. Si bien es cierto, la construcción del casino había sido aprobada en 2007, siempre queda un sabor de limón pasado cuando aparecen los decretos aprobatorios a fines de año.

En Montevideo, la Intendencia Municipal se decidió dio por la apertura del segundo sobre que contenía el canon en la licitación del Hotel Casino Carrasco justo antes que termine el año, en medio de reclamos e impugnaciones al proceso. La adjudicación a la empresa ganadora sigue siendo motivo de gran polémica en Uruguay y por el bien del sector en ese país, que ahora pretende licitar 13 casinos más, el resultado final de tan importante propiedad debe quedar fuera de dudas. ¡Ya entre el 2000-2005, los casinos de Montevideo perdieron más de US$14 millones!

El comentario que hiciera un viejo filósofo de pueblo años atrás: “Si quieres destruir el mundo dale poder a un bruto y dinero a un frívolo” nos recuerda a las decisiones tomadas entre gallos y medianoche, y si bien la gran mayoría de políticos no son brutos, o se desenganchan de la sensatez entre navidad y año nuevo, alguien diferente debe pensar por ellos, porque decisiones que cuestionen el carácter de esta forma es cosa de brutos. El caso de Bush es diferente.

Nadie duda sobre la capacidad intelectual del saliente mandatario yanqui, que es reforzada por la de su audaz vicepresidente, Dick Cheyne, quien sí es de muy buenos caudales y excesiva frivolidad para gastar inmensos presupuestos del Estado favoreciendo a empresas como Halliburton. Entonces, no es extraño, que el mundo se encuentre un poco mas despedazado después de ocho anos de una nefasta administración en el país líder del mundo libre.

Al sur del Río Grande, parece que los diputados mexicanos de la Subcomisión de Juegos y Sorteos han puesto el dedo en la llaga del Reglamento del 2004, creado por el ex Secretario de Gobernación Santiago Creel, con una propuesta legislativa para modernizar la vieja Ley. El ingenioso Reglamento del 2004, creado a la medida para la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, permitió a la Secretaria de Gobernación emitir permisos favoreciendo a unas cuantas empresas y excluyendo a miles de empresarios en la nueva industria del juego mexicano.

La iniciativa, que está suscrita por los diputados Armando García Méndez, presidente de la subcomisión; Martha Angélica Romo Jiménez; y María Soledad López Torres, ha sido remitida a la Comisión de Turismo y dice entre otra cosas: "Sabemos que existe simulación y discrecionalidad, tanto en la aplicación de normas como en la emisión de permisos por parte de autoridades, lo que provoca que la industria del juego esté en manos irresponsables que no dan sentido social al sector, no proporcionan certidumbre jurídica y mucho menos beneficios a la población".

Para nadie es un secreto que en México se han estado ofreciendo los permisos emitidos por la Segob a precios millonarios, y se debe apoyar incondicionalmente un proyecto que, contrariamente a la situación actual, exige que sean debidamente regulados y sujetos a “las disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como a las especificaciones que en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita emitan la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás autoridades competentes”. (S-01.07.08)

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