En la primera semana del mes, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó con 31 votos a favor y 17 en contra la Ley de Incentivos Turísticos para el Desarrollo Económico Municipal, mediante la cual se convertiría en un centro de entretenimiento con casino la antigua base militar Roosevelt Roads, en Ceiba a unos 50 kilómetros en la costa sureste de San Juan.

El Proyecto 2250 aprobado por los Representantes sienta las bases para el establecimiento de similares centros de diversión con casino en toda la isla porque busca hacer viable el desarrollo de casinos en los municipios que así lo deseen. Para que este proyecto legislativo se haga realidad, debe aprobarse en el Senado.

Según Héctor Ferrer, presidente del Partido Popular Democrático, le nueva enmienda legal haría posible la instalación en “todos los municipios de la Isla”, además de ser posible también la “permisibilidad de las máquinas de juego y el proyecto de la videolotería”.

La semana pasada, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para regular la instalación de máquinas tragamonedas en todo el país. El secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, dijo que el Proyecto 1639 propone la creación de una ley para regular las tragamonedas que por años se ha desarrollado como una actividad sin control. Según estimados del gobierno, existen unas 120.000 tragamonedas en Puerto Rico, donde solamente 8.000 cuentan con los permisos correspondientes para operar.

Puig dijo que la intención del gobierno es reducir el número de las máquinas a 40.000, las que generarían unos US $220 millones en impuestos anualmente para las arcas públicas, procedentes del cobro de US $2.250 en concepto de licencia por máquina, además la participación del estado en las ganancias de los operadores.

El secretario de Hacienda también indicó que la ley estipula que las máquinas se instalen a una distancia mínima de 300 metros de hospitales, escuelas y hoteles. En este último caso, con el fin de no perjudicar a los hoteles, que en Puerto Rico albergan a los casinos, añadiendo que la iniciativa creará por ello "mayores oportunidades para la industria de los casinos" en el país.

Oposición de hoteleros y casinos
Sin embargo, la noticia no le ha caído bien a los hoteleros. La presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Clarisa Jiménez, dijo que de aprobarse la ley propuesta por el ejecutivo, “perjudicará gravemente al sector que representa”, ya que los casinos en Puerto Rico están ubicados en los hoteles, y se perderán miles de puestos de trabajo.

Jiménez dijo que aunque está de acuerdo con la cifra de US $100 millones anuales de pérdidas para el Estado por la falta de control sobre una parte de las tragamonedas en Puerto Rico, en el año fiscal 2008-2009 los impuestos recaudados por esas máquinas generaron al estado unas ganancias de US $156 millones.

Además, según la AHTPR, los ingresos generados por los casinos representan entre el 30-50% de las ganancias de los hoteles en el país, y que de aprobarse, la ley provocará pérdidas de unos US $46 millones anuales por concepto de los salarios por el desempleo provocado a los miles de trabajadores en los hoteles.

Si bien es cierto, existen consideraciones económicas que tener en cuenta como consecuencia de nuevas propiedades de juego que albergarían 40 mil nuevas slots en el país, los argumentos propuestos por Jiménez, quien también levanta el fantasma de la exposición del juego a niños y ancianos y el consabido “deterioro social al exponer las máquinas, que reconoce poseen un gran riesgo adictivo, a amplios colectivos sociales”, no tiene asidero social porque los riesgos ya existen. Adicionalmente, la nueva propuesta legislativa también debería dirigir su atención hacia la problemática del juego, para que el juego responsable también se practique en todos los casinos de Puerto Rico. (S-05.24.10)

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