Todos estamos muy impresionados por el éxito que tiene la instalación de nuevos casinos en Chile como parte de la nueva industria de juegos dentro de la Ley Marco de Casinos de 2005. Con inversiones que superarán los US $750 millones en suntuosos nuevos casinos con hoteles y otras facilidades similares, en parte, a las propiedades de Las Vegas, ya se han inaugurado trece casinos con considerable contribución a los gobiernos locales, además de la creación de puestos de trabajo en los territorios donde se encuentran.

Como parte del nuevo programa de juegos en Chile, los siete casinos municipales que funcionan en el país bajo la jurisdicción de la legislación anterior, perderán su autonomía legal en el 2015, para sumarse al proceso de la Ley del 2005. Ante la posibilidad de perder el casino para su comunidad, los siete alcaldes han formado un grupo de presión para buscar una alternativa legal que se les permita mantener un casino en su comunidad.

El motivo que tiene los alcaldes es simplemente económico, porque los casinos contribuyen sumas importantes a las comunidades, y perder los casinos significaría una gran merma en sus recursos. Ciertamente, bajo la nueva Ley, todas las comunidades donde se encuentran los casinos reciben considerables sumas por la contribución de los ingresos brutos de los casinos.

Pero la otra cara del juego en Chile no es parte del juego reglamentado, que ahora es controlado por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). La otra cara la forman fabricantes, importadores y operadores de unas 250 mil máquinas de juego que se encuentran en locales comerciales a lo largo del país, sean estas tiendas de comestibles, peluquerías, verdulerías, farmacias, bares o simplemente almacenes.

Por varios años ya, varias empresas e instituciones, entre las que se encuentran la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería, el Hipódromo de Chile, el Club Hípico y el Grupo operador de casinos Enjoy, han estado trabajando conjuntamente para erradicar las llamadas máquinas de ‘destreza’, o normar su funcionamiento, pero sin éxito alguno.

Indudablemente, las máquinas de ruta funcionan en casi todo el país, pero según un informe en el diario El Mercurio, “en 70% de las comunas, estos aparatos funcionan con una simple patente municipal de entretenimientos electrónicos, que las municipalidades están prácticamente obligadas a otorgar a quien se la pida”.

Las acciones del grupo arriba mencionado, contra las máquinas de juego de ‘destreza’, en los juzgados de turno ha tenido su correspondiente respuesta de parte de la Asociación de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos, que reúne a 200 empresarios, cuya principal función es demostrar que las máquinas funcionan de acuerdo a la destreza del jugador.

Según los casinos, lotería e hipódromos, debe ser la SCJ el organismo indicado para determinar si las máquinas de ruta, muchas de las cuales son de azar, funcionan de acuerdo con la Ley. El informe de El Mercurio indica que ante esta situación, la SCJ dice que la Ley “"sólo le otorga facultades para regular y fiscalizar el desarrollo de los juegos de azar autorizados en la nueva industria de casinos de juego".

Como se anticipa una modificación a la Ley Marco de Casinos para respaldar la acción de los siete alcaldes y los casinos de sus comunidades, el grupo de operadores de juego, conjuntamente con la flamante Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), que reúne a nueve de trece establecimientos nuevos, con excepción de dos casinos Enjoy y el Monticello Gran Casino, tienen la oportunidad para respaldar la reglamentación del negocio de ruta de juegos de destreza de una vez por todas.

Ya la ACCJ, en su reunión de fundación realizó observaciones sobre aspectos de la moderna normativa y las expectativas para la nueva industria del juego en el país sudamericano. Los empresarios del juego se han quejado contra la obligación de cobrar la entrada a los casinos y la obligación de mantener salas de bingo, que no aportan mucho a los ingresos del casino y significan gastos adicionales.

Ciertamente el pago del 20% por concepto de impuesto al juego, más el 19% de IVA en contribuciones de los casinos a los gobiernos locales y el Estado no lo hacen los operadores de juegos de destreza, ni qué decir de las millonarias inversiones y la creación de empleos en el país. Modificaciones a la Ley Marco de Casinos debe incluir la reglamentación, autorización, homologación y supervisión de todo artefacto de juego electrónico o similar. La buena cara de la industria en Chile no tiene porque ser maltratada por desaciertos legislativos. (S-05.18.09)

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