Mediante una nueva ley tributaria, el gobierno de Costa Rica se propone imponer un impuesto del 2% sobre los ingresos brutos (GGR) a los casinos en el país centroamericano. A la fecha, los casinos se limitan a pagar impuesto a la renta, pero no pagan impuestos por concepto de operaciones de juegos de azar.

Se anticipa que durante esta semana, el Ministerio de Hacienda enviaría un proyecto de ley que establece el marco regulatorio que se aplicará a los casinos en Costa Rica. La ministra de Hacienda, Jenny Phillips dijo: “Se establece un impuesto especial de 2% sobre los ingresos brutos de las empresas restándole los premios, el esquema es similar a la de otros países, como los de Estados Unidos, y la infraestructura de regulación de la actividad permitirá hacer fiscalizaciones tributarias”.

La ministra Phillips adelantó la semana pasada que el gobierno pretende recaudar US $100 millones anuales, unos 59.500 millones de Colones al tipo de cambio actual, mediante la tasa tributaria propuesta tanto a las salas de juego como a las empresas de apuestas electrónicas. El proyecto de Ley de regulación de apuestas electrónicas, salas de juego y casinos seria enviada a la Casa Presidencial para su posterior envío a la Asamblea Legislativa.

El proyecto legislativo también pretende regular la actividad del sector del juego mediante la creación de una superintendencia de juegos y una comisión reguladora de juegos serían las máximas autoridades en esta materia. Uno de los controles que se formalizaría sería el de operaciones iguales o superiores a US $10.000 para cumplir con los dictámenes de las organizaciones supranacionales del control al lavado de activos, fraudes y financiamiento del terrorismo.

Se estima que en Costa Rica funcionan unos 400 negocios operando en el sector de juegos de azar sin ningún tipo de regulación, y el proyecto de Ley elaborado por el Ministerio de Hacienda conjuntamente con el Instituto Costarricense Contra las Drogas buscan regular la actividad y al mismo tiempo reducir el déficit presupuestal que enfrenta el Gobierno en los ingresos por impuestos. (S-09.21.09)

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