Han pasado 60 años desde que el entonces presidente de Brasil, Marechal Gaspar Dutra emitiera el Decreto 9.215 para cerrar los casinos en el país con la mayor economía en Sudamérica. Entonces, las razones que diera el presidente fue que tanto el Ministro de Justicia como el Cardenal, y su esposa lo ‘incitaron’ a cerrar los casinos. De la historia se desprende que las razones morales de los personajes hoy extintos crearon una situación de zozobra en el sector del juego brasileño, del cual hasta ahora no sale.

Algo similar sucedió en el 2004, cuando el actual presidente Lula da Silva decidió usar su privilegio estatal para decretar también el cierre de los bingos en el país echando a la calle miles de trabajadores y estimulando el juego ilegal con la consabida corrupción que esto genera. Pero fue a causa de acusaciones de corrupción a un asesor y un hermano suyo lo que también incitó al presidente Lula a cerrar los bingos.

Ahora, en el marco del Plenario en la Cámara de diputados, donde el martes pasado se debatió el proyecto de Ley de Bingo del diputado Regis de Oliveira, para de una vez por todas empezar a poner orden y generar inversiones, empleos y tributos que beneficien al país, aparecen los temores ingenuos de siempre como aquella que incitara a los actores de hacen 60 años, para decir que la industria del juego puede generar actos delictivos de lavado de activos, llámense estos; el blanqueo de dinero, propiedades o instrumentos negociables.

Con la cara vuelta al lejano pasado, el Secretario Nacional de Justicia, Romeu Tuma Junior, tuvo la desfachatez de comentar que la reapertura de los bingos brindaría una oportunidad al crimen, indicando que según sus investigaciones internacionales, se presenta en las empresas que explotan juegos de azar un ambiente “favorable al lavado de dinero”, porque “los enormes volúmenes de dinero allí administrados crean impedimentos físicos para la fiscalización del gobierno”.

Pareciera que el Secretario de Justicia Tuma Junior desconociera, no solamente que el proyecto en debate ya había sido aprobado por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados, donde el tema del lavado de dinero se había debatido hasta el cansancio, sino que más ominosamente, ponga sesgados y trillados argumentos de por medio para pintar de cuerpo entero al sector del juego como lo hicieran, presidente, esposa, ministro y cardenal hacen 60 años.

Si hay algo que decirle tanto al Secretario de Justicia brasileño, como a todo quien pretenda defender valores ciudadanos contra el lavado de activos, es que el trabajo principal de fiscalización para detectar este crimen se encuentra en la revisión y supervisión de las operaciones bancarias, financieras, de seguros y reaseguros con toda la debida diligencia, porque estos agentes son el común denominador en el blanqueo de activos. Y el trabajo de control y supervisión empieza erradicando la corrupción, que es función de los Poderes estatales, donde la Secretaria de Justicia juega un papel primordial.

Durante el III Conferencia del Juego Latinoamericano en Santo Domingo, el mes pasado, Heiromy Castro Milanés, Director de la Unidad de Finanzas de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana, en su exposición “Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves”, claramente dijo que es función de las empresas de juego reportar los movimientos de dinero sobre los valores establecidos por las autoridades internacionales para la prevención, detección y represión del lavado de activos por el Comité Nacional de Lavado de Activo.

En el Plenario del martes, el presidente del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), Antonio Gustavo Rodrigues, dijo que los mecanismos para limitar los riesgos que pudieran presentar las salas de juego al país no son adecuados: “Creo que falta la creación de una entidad dedicada a ese fin con poderes y la autoridad para realizar la supervisión, otorgar concesiones y fiscalizando dichas actividades”.

Rodrigues, indica que el mayor peligro consiste en tener una casa de juegos o bingo creada con el principal objetivo de lavar dinero, por lo cual es necesario contar con una solución adecuada, y añade: “Los bancos son un enorme riesgo para lavar dinero, pero como se ha hecho, se crea una entidad con capacidad para fiscalizar, como lo es el Banco Central”.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de diputados, Michel Temer, dijo que no tiene previsto la fecha para la votación de la Ley de Bingo. Sin embargo, los líderes políticos han dejado libres a sus correligionarios para que voten según su parecer personal.

Por otro lado, los infelices comentarios vertidos por el Secretario de Justicia de Brasil durante el Plenario brasileño han encontrado recias respuestas de operadores de casinos en varios países sudamericanos. Y de hecho esas respuestas que establecen honorables credenciales encuentran eco en distinguidos operadores desde EEUU hasta Europa y Sudáfrica.

Es que a decir la verdad, hasta ahora algunos políticos brasileños parecen no creer que ya estemos en el siglo 21, y si países desde República Dominicana hasta el Reino Unido tienen establecidos los marcos necesarios para combatir el lavado de activos, es imposible entonces ver por qué argumentos del siglo 19 todavía tienen fuerza en uno de los países más grandes del mundo. El peor peligro de lavado de dinero existe en sociedades que consienten el juego ilegal donde las autoridades se encuentran tan desprotegidas como los ciudadanos, y a la fecha, Brasil es uno de esos países por obra y gracia de su Poder Ejecutivo. (S-04.01.10)

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