Una vez conocí a un empresario sudamericano con una gran fábrica donde facturaba millones. Con aspavientos un día nos dijo que él no pagaba impuestos porque su plata no iba ir a para a los bolsillos de los políticos sinvergüenzas brutos y corruptos. Ante mi pregunta sobre qué pasaría si le casi una auditoria del sistema nacional de tributaciones, simplemente me dijo que en su caja fuerte tenia un millón y que el inspector de impuestos tenia la opción de aprobar sus libros contables fraudulentos y llevarse una buena parte del dinero, o no llevarse nada, y reportarlo por evasión de impuestos, ante lo cual sería el juez quien se llevaría el millón.

En muchos países de la región, y del mundo uno se imagina, esta forma de hacer negocios era la norma hasta hacen unos 30 años, lustros más, lustros menos. Y no estamos hablando de negocios del juego sino de industria, porque en Perú por decir, el sector de juegos de azar reglamentado recién empezó en 1993.

En Rusia, Ucrania y varios países del ex bloque soviético, las autoridades prohibieron el juego en casinos a partir del primero de julio pasado, y como lo advertimos entonces, muchos de los operadores, con miles de dólares invertidos en equipos de juego, simplemente no se iban a quedar con los brazos cruzados, y de hecho se iban a pasar a las filas de la ilegalidad.

Un ejercicio de seguimiento por el Centro de Promoción de Negocios en Ucrania ha revelado que la mayoría de operadores de ex casino legales “se han retirado a las tinieblas” operando salas de juego ilegal. Según el informe, operadores de salas de juego han ingresado al negocio de juego en línea ilegal en ciudades como Kiev y Odesa, aunque algunos operadores de casinos y casas de apuestas han suspendido sus actividades después de la orden gubernamental.

Los operadores ilegales han abierto salas de Internet ofreciendo juegos en casinos en línea localizados en el extranjero para los que actúan como agentes. Hasta hace un año existían 40 casinos en Ucrania, con 18 de estos en la capital Kiev. Uno se imagina que los operadores ilegales no pagan un centavo en impuestos, pero ciertas sumas cambiarán de mano al momento de revisión de licencias o permisos.

Si bien una parte de esos dineros mal habidos no irán a los políticos que cerraron los casinos, tampoco irán a las arcas del estado. Es que aun cuando no sean sinvergüenzas o corruptos, los políticos, que decidieron terminar con cientos de negocios que reportaban buenas sumas al estado y eran fuente de trabajo para cientos de miles de personas, si fueron decididamente brutos. (S-09.28.09)

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