Seis semanas después de cumplir su primer año de administración, el Ejecutivo de Costa Rica ha desistido de hace realidad una de sus principales promesas electorales, la lucha contra la inseguridad, que depende de su financiación con la creación de una nueva Ley de Juegos para el país, lo que iba a implicar la creación de impuestos del 15% a los casinos y casas de apuestas online.
El Ministro de la Presidencia, Marco Vargas, dijo que a mediados de diciembre del 2010, el proyecto de Ley fue “retirado de la Asamblea Legislativa para evitar que obstruyera el trámite de la reforma fiscal impulsada por el Gobierno”, añadiendo que el “plan no tenía viabilidad”, y que actualmente un equipo de gobierno se dedica a corregir la propuesta mediante el plan de “Solidaridad tributaria”, con el gobierno tico pretende recaudar uno 500.000 millones de colones, unos US $1.000 millones, adicionales por año.
El compromiso electoral de la hoy presidenta Laura Chinchilla, cuando era candidata presidencial y ministra de Justicia en fue de “gravar los casinos con el fin de destinar 50.000 millones de colones anuales a seguridad, mejorando de esta forma el proyecto de Ley de regulación de apuestas, casinos y juegos de azar del Gobierno anterior.
Una vez ganadas las elecciones, la presidenta Chinchilla firmó un pacto de gobernabilidad con el Movimiento Libertario, que siempre se ha opuesto a los impuestos al sector del juego online. Al asumir la presidencia, en febrero del 2010, el plan de impuestos a los casinos ingresó a la Asamblea Legislativa conjuntamente con el proyecto de ley del Gobierno anterior,
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con un cambio radical, mediante el cual los operadores de juegos de azar pagarían un impuesto mensual del 2% sobre sus ingresos brutos.
El 18 de agosto del 2010, la Chinchilla envió a la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso un texto sustitutivo que elevaba el tributo a los casinos al 15%, además de un impuesto fijo de US $50.000 anuales a los call centers de las casas de apuestas online extranjeras. El texto también hizo mención sobre la creación de un ente regulador de juegos de azar dependiente del Ministerio de Gobernación, para de otorgar licencias y de supervisar al sector del juego. Además, la junta de control, Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas podrían en cualquier momento inspeccionar la contabilidad de los casinos.
Jorge Hidalgo, presidente de la Asociación Costarricense de Casinos, dijo que la pretensión de cobrar un 15% de impuesto quebraría la actividad, y que estaba opuesto a los controles que se proponían, señalando que casino podría dar al Gobierno la información de sus clientes, y confirmando que: “El tipo de regulación que se impone es más para cerrar el negocio”. (S-03.31.11)
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