José Antonio Martínez Sampedro, presidente de Codere, denunció que el Gobierno español “se ha vendido a los operadores del juego online y a los clubes de fútbol que patrocinan, por lo que dejará en desventaja a su propia empresa, Loterías y Apuestas del Estado (LAE), y perjudica al resto de compañías”.
El presidente de Codere, quien sigue muy de cerca la tramitación de la Ley del Juego, que definirá el marco del sector de forma decisiva, dijo a inicios de semana que por este motivo, Codere ha decidido actuar y ha demandado al Real Madrid y a Bwin, la empresa de juegos online y patrocinadora del equipo de futbol madrileño.
Martínez Sampedro puntualizó: “Como expusimos en el Parlamento, creemos que la ley era necesaria para dar solución a un escenario con mucha confusión y actuaciones ilegales. La ley necesita incorporar aspectos como que los equipos residan en España o el dominio .es. En definitiva, dar la seguridad que otros mercados que van por delante, como el italiano y el francés, garantizan. BNG, CiU, PNV y PP han presentado enmiendas en esta línea”.
Con relación a los operadores online, el presidente de Codere dijo enfáticamente que “La ley está mal enfocada.
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José Antonio Martínez Sampedro, presidente de Codere
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Estas empresas se visten como compañías de apuestas deportivas y tienen de rehenes a los clubes, pero son casinos online. Las apuestas son sólo el 20% de su actividad, el gancho. No pagan impuestos y se ponen la bandera europea cuando operan desde paraísos fiscales. Algunos juristas opinan que, si el Estado no reclama los impuestos no pagados, está concediendo ayudas públicas. Se debería mantener la legislación penal en lo relativo al fraude fiscal, al blanqueo y a los paraísos. Si sólo hay sanciones administrativas, estas empresas se ríen”.
Las graves acusaciones de una personalidad de la reputación de Martínez Sampedro y la actuación de Codere en las cortes de justicia deben tener una secuela de investigación pública a quienes han apadrinado la Ley del Juego español, porque nunca antes se ha visto que una norma legislativa proteja a un sector en desmedro de otro, y peor, que actúe con total irresponsabilidad frente a la protección de patrimonios del estado, como lo es LAE. (S-05-03-11)
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