En un reporte sobre el plan de fiscalización realizado por el Ministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana y Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de Venezuela, el viceministro de la cartera Néstor Reverol y el de la Seniat, José David Cabello, dijeron que del total de bingos y casinos del país, 85% son ilegales, y exhortaron a las empresas de juegos de azar a ponerse al día.
En su exposición, el viceministro dijo que el 40% de las empresas registradas en la comisión tienen su documentación vencida y no han solicitado la renovación, mientras que 30 de “las licenciatarias legales funcionan gracias a un amparo constitucional emitido por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2003, lo cual también será sometido a revisión”, y exhortó a la Cámara de Bingos y Afines (Cavebin) para que solicite a sus miembros ponerse al día con el Estado y cumplir la norma.
Reverol y Cabello visitaron la ciudad de Barcelona, al norte del país, donde 1.431 máquinas fueron destruidas como parte del trabajo de la comisión contra la ilegalidad, luego de una serie de decomisos en todo el país. Según el viceministro, estos procedimientos “corresponden a un plan de fiscalización que ha dado como fruto el hallazgo de
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3.461 máquinas en establecimientos ilegales”, y existen 9.906 máquinas a disposición del Ministerio Público.
La comisión lleva 44 establecimientos fiscalizados, de los cuales 17 fueron detectados como ilegales, cuatro son depósitos y se encontró una fábrica. En operativos fueron detenidas 11 personas y un solicitado por orden de captura. Como resultado de la retención se confiscaron 17.204.234 bolívares fuertes, unos US $4 millones.
El superintendente del Seniat informó que esperan existen otras 2.000 máquinas identificadas como ilegales, y que han incautado 800 equipos de juegos de azar, que pronto serán destruidos. Finalmente, Cabello dijo que 58 empresas de las 77 registradas en la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingos y Traganíqueles no están al día con sus derechos formales y multas impuestas durante el período 2003 – 2009, lo que representa una deuda con la nación que supera los 635 millones de bolívares fuertes (US $148 millones. (S-03.22.11)
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