El gobierno de Mauricio Macri ha anunciado que reclamará a los propietarios de los casinos flotantes que se encuentran anclados en aguas de Buenos Aires, en Puerto Madero el pago impuestos por los 12 años que la Ciudad capital argentina no ha podido cobrar debido a las controversias surgidas por la jurisdicción sobre el barco, que sus propietarios reclamaban encontrarse en aguas territoriales, donde Buenos Aires no tenía jurisdicción.
El martes pasado, la Corte Suprema emitió un fallo dejando sin efecto una medida cautelar de 1999 que le daba a la Nación la jurisdicción sobre el casino flotante, y le devolvió Buenos Aires la posibilidad de ejercer poder sobre el casino flotante “Estrella de la Fortuna” y cobrar los impuestos de ley que se encuentran pendientes desde ese entonces.
Hasta el martes 25, la empresa española Cirsa había evitado abonar los tributos a la ciudad de Buenos Aires por efecto de un recurso de amparo de 1999 que cautelaba a favor de la sala de juego, especificando que la nave se encontraba en aguas territoriales por lo cual los tributos eran de competencia exclusiva de la Nación.
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Los casinos flotantes en Puerto Madero son parte principales de los negocios lúdicos de Cristóbal López, accionista mayor de la empresa de la industria de juegos Casino Club. En 2007 Lopez se convirtió en accionista al 50% de los casinos flotantes que hasta ese momento era propiedad de Cirsa.
Mientras Maria Eugenia Vidal, electa vicejefa de Gobierno porteño, se pone al frente del reclamo tributario a los casinos flotantes, la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ha enviado a las autoridades del casino un primer requerimiento para que denuncie cuál es su base imponible con el objetivo es recabar información para llegar a la suma que finalmente se le reclamará en concepto de pago de Ingresos Brutos y otros tributos que no han abonado durante todos 12 años. (S-10.28.11)
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