La Ley Marco de Casinos de Chile del 2005 que ha modernizado la operación de casinos de juego en el país sudamericano con la inversión de millones de dólares en 18 modernos complejos integrales de entretenimiento fija el fin del 2015 para el vencimiento de las concesiones de los casinos municipales en 7 ciudades: Arica, Iquique, Coquimbo, Viña, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales.
Como es indudable la pérdida de ingresos de las comunas locales por los aportes de los concesionarios de los casinos municipales, los alcaldes de estas ciudades han empezado encuentros liderados por la alcaldesa Virginia Reginato de Viña del Mar para buscar cambios o modificaciones en la Ley del 2005 para que evitar el cierre de los casinos municipales, pues según el marco legal de dicha Ley, los siete cupos deberán ser adjudicados a través de un nuevo proceso de permisos bajo la dirección de la ejemplar Superintendencia de Casinos de juegos.
La preocupación de las comunas que albergan los 7 casinos es que una nueva ronda de los siete permisos no garantiza que estos sean adjudicados a empresas en las respectivas ciudades, con la consiguiente merma en sus fuentes de ingresos a las arcas municipales por la eliminación de los casinos y su tributación a estas, que en algunos casos llega al 40% del presupuesto municipal como es el caso de Viña del Mar, donde según Reginato, la comuna se beneficia en 20 mil millones de pesos (US $40 millones) anualmente.
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Durante la aprobación de cambios a la legislación de juegos chilena para permitir que los cruceros extranjeros abrieran sus casinos en aguas territoriales chilenas sin autorización especial de la SCJ, el Congreso perdió una oportunidad para tratar también el caso de los municipios municipales y la proliferación de máquinas de juego fuera de los casinos modernos o municipales.
Y aunque el 2015 no está la vuelta de la esquina, los legisladores chilenos no deben dejar un debate tan importante como el cierre de los casinos municipales, que contribuyen a las comunidades locales en unos US $90 millones, hasta el último momento.
Según Reginato, la pérdida de las comunas locales seria catastrófica si no se modifica la Ley actual o el gobierno extiende las concesiones de las casas de juego hasta el 2025, en línea con los permisos de los nuevos casinos chilenos: “Si no se renuevan, se causará un daño de unos US$ 1.500 millones (a las siete comunas) que es la estimación del valor del flujo de 15 años de estos casinos”.
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Ante esta situación, reportes de medios chilenos indican que el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, estima que el “sistema municipal, tal como hoy lo conocemos, no es factible de extender. Hoy todos los contratos son distintos debemos hacer un esfuerzo para estandarizarlos y aproximarlos lo más posible a la ley de 2005, para tener un sistema único de casinos”, añadiendo que los “municipios tengan el tiempo suficiente para adecuar su sistema financiero y adaptarse a la normativa que regula al resto de los 15 casinos”.
Los comentarios de Flores tienen su sustento en el proyecto de prorroga que elabora el Ministerio de Hacienda para evitar el perjuicio económico que se les produciría a las comunas que cuentas con salas de juego a partir del 2016. El subsecretario Flores afirma que el proyecto debe concluirse en las próximas semanas antes de enviarlo al Congreso. El problema del ejecutivo chileno es que la mayor buena intención del mundo no es garantía para que se ventilen todas las aristas que un proyecto de esta naturaleza contiene.
Por decir, existe la división del impuesto específico al juego sobre el 20% de los ingresos brutos generados por los casinos bajo la Ley del 2005, que se dividen en proporciones iguales entre la comuna en que se ubica el casino y el gobierno regional. La diferencia en la distribución de estos beneficios radica en que los casinos con concesión municipal entregan el 100% del aporte a la comuna donde están radicados y pactan con esta las condiciones operativas.
Lo más significativo sin embargo seria el control y supervisión de los casinos municipales que según la Ley serían regulados por la Superintendencia de Casinos de Juego, eliminando así intereses de los políticos de turno al frente de las alcaldías, que después de todo, tratarían de mantenerse con el control de los siete casinos. Por esta razón, es inquietante el comentario de Fernando Ramírez, el abogado que representa a los siete municipios, como reporta el medio La tercera, que para ‘mantener el actual régimen, una vía que analizan los municipios es presentar una “acción civil de nulidad de derecho público”’. (S-11.10.11)
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