JUEGO DE PALABRAS
Por Ricki Chavez-Muñoz

Cacería de brujas en Ecuador


De la forma como lo pongan, una pregunta cargada de populismo siempre va a favorecer a los pensadores con tres dedos de frente. Con esto, no queremos decir que ilustres políticos de medio mundo, como quienes pretenden terminar con los casinos y salas de juego en Ecuador, pequen de brutos cuando se supongan protectores del pueblo que representan, sino que la reacción contra una afrenta casi siempre le resta dedos a la pequeña fuente de raciocinio de unos u otros, quienes lanzan 1.000 naves contra la Troya de Paris y Elena en el milenario Egeo, o cierren bingos como lo hiciera el ex presidente Lula de Brasil en el 2004.

Porque no fue la belleza de Elena la que causó el ataque de Esparta contra el reino de Príamo, sino las aspiraciones hegemónicas espartanas en el mundo de entonces; y en Brasil, fueron los acusados de corrupción en un negocio de lotería, funcionarios claves del gobierno de Lula, y uno de sus hermanos, la verdadera razón para enceguecer de furia al ex presidente, quien se cargó a todo el sector de bingo legal en el país, enviando a muchos a la ilegalidad y el crimen.

En 2009, sucedió algo similar en Ecuador, donde Fabricio Correa, hermano del jefe de Estado, denunció, por supuestos sobornos, a políticos y funcionarios del régimen. En dicha denuncia, la empresa de explotadora de salas tragamonedas Invermun S.A. fue implicada en el caso de corrupción de soborno a funcionarios a cambio de permisos para operar salas de tragamonedas en el país sudamericano.

Ante la fiscalía, Jaime Solórzano, ex empleado de Invermun, denunció a tirios y troyanos, por decir, incluyendo a “los hermanos Vinicio, Fernando Alvarado, secretarios de la Administración y de Comunicación del Gobierno, respectivamente. Además de Juan Carlos Cassinelli, actual asambleísta de PAIS; Julio César Quiñónez, intendente de Policía del Guayas; Ricardo Ron, ex intendente de Policía; Douglas Argüello, la voz oficial de las cadenas del Gobierno; Pierina Correa, hermana del Primer Mandatario; y, Javier Veintimilla, ex asesor del Ministerio de Trabajo”.

Como era de esperar ante tamaño escándalo, todos negaron dichas acusaciones, y como hicieran en su tiempo los nefastos capos de Chicago, pidieron que se les saquen las pruebas del latrocinio. La indignación del correcto presidente Rafael Correa ante tal afrenta no fue la de enviar 1.000 naves contra tirios ni troyanos, por la falta de pruebas, sino emular el ejemplo del buen ex presidente Lula y cargarse con todo el sector del juego, legal, ilegal, para legal, y porque no, también a los amparados por oscuros magistrados de remotas poblaciones como Tosagua en la provincia de Manabí, situada en la costa oeste del país, (con 39.030 habitantes, según el censo poblacional del INEC el 2010), con una densidad 103,5 hab./km².

Por suerte, el juego político de moda es la democracia, porque si hubiésemos estado en los 70 del siglo pasado, los videlas, pinochets o tiranuelo de dos por medio hubiesen desaparecido, fondeado o simplemente encerrado sin juicio a quienes se les crucen en el camino. En cambio, con toda la elegancia de su investidura, el Presidente Correa ha propuesto una Consulta Popular para terminar con los casinos, slots, pelea de gallos, corridas de toros, y otras formas de pasatiempo que podrían enajenar, envilecer o pauperizar al pueblo ecuatoriano.

Con la pregunta No 2 de la Consulta Popular, aprobada por la Corte Constitucional que dice: ¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego? Se está dando a la industria legal de juegos en Colombia la opción medieval para determinar su condición de bruja. Si flotas en el agua eres bruja y te quemamos; y si no flotas, pues te ahogas y te vas al cielo por comprobar tu inocencia.

Porque la consulta popular tiene todo el respaldo de los representantes de Torquemada, católicos, apostólicos romanos, evangelistas, testigos de Jehová, mormones, simplones, y también gente decente que tiene temor o ignora que el Juego legal no es nada siniestro, de prestidigitación o sortilegio.

En Ecuador existen 31 casinos que se encuentran debida y legalmente registrados en el Ministerio de Turismo y son miembros de la Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador (Ascabi); y más de 100 locales sin tal registro, 34 de los cuales pertenecen a la empresa Invermun S.A., y funciona con un recurso de amparo otorgado en febrero del 2004 por un juez de Tosagua.

Jaime Roura, representante legal de Ascabi, explicó que la pregunta No 2 debe ir dirigida a eliminar los juegos de azar que funcionan de forma ilegal y no los que están regulados por el Ministerio de Turismo: “Nos mezclaron a todos, pese a que cumplimos con los requisitos que estipula el Reglamento de casinos y salas de juegos”.

Es que la cacería de brujas no busca la equidad, razón o bienestar común, porque es una desquiciada reacción provocada por la religión, la ignorancia, los celos, o el desenfreno político. En el caso de Ecuador, una Consulta Popular que mete en la misma bolsa a los legales y los otros mediante el uso de una pregunta generalizada, comprometerá la economía de más de 400 mil trabajadores vinculados a los juegos de azar de forma directa o indirecta, muchos de los cuales perderán su empleo.

Además de esto, existirán agraviados como los operadores legales, quienes empezarán los líos judiciales contra el Estado por el cierre de negocios los 31 negocios autorizados por la Ley y el Ministrio de Turismo. Y que no le sorprenda al Presidente Correa que el referido juez de Tosagua respaldará Carta Magna en mano todos los amparos judiciales que ha signado. (S-02.17.11)