Recordando nuestros furibundos años de estudiante cuando a la vuelta de cualquier esquina nos uníamos al grupo que protestaba ya sea contra los maleficios de un despiadado apartheid, a favor de los mineros en huelga, o en simpatía por las tribulaciones de los periodistas y trabajadores de la rotativa bajo el ataque del nefasto australiano al timón del Times de Londres, notamos cómo en Argentina y España, gremios de trabajadores de las ramas sector del juego de casinos en uno y de loterías en el otro país, protestan y amenazan con irse a la huelga por cambios en la Ley que los afecta.

También recordamos una conversación en Londres con un dirigente minero de Bolivia, en gira por Europa, durante un festival de cultura latinoamericana, quien buscando respaldo para la protección de la salud de estos trabajadores, nos respondió: "Es nuestra suerte, es el único trabajo que tenemos. Si morimos antes de los cuarenta años, qué vamos a hacer".

Aquella respuesta fatalista era una condena contra los consorcios explotadores de minas en muchos países del mundo que en esos tiempos recibían para el trabajo en la fase pelada de las minas a niños y jóvenes, quienes emprendían trabajos que les deparaba una expectativa de vida que no llegaba a la edad a los ocho lustros.

La lección de ese dirigente como parte de una realidad trágica en Sudamérica ponía en un contexto dramático cierta delicadeza en los cambios sociales y económicos que se vislumbraban para la Gran Bretaña de los ochenta, donde germinó la semilla privatizadora de la administración de la Dama de Hierro.

Ciertamente, los cambios que llegaron después se trajeron abajo industrias estatales como la del ferrocarril y la minera, poniendo en la calle a millones de trabajadores. Las protestas siguieron por buena parte de la década y más furibundos, nuevos estudiantes, sindicalistas y la diversificada Izquierda fueron avasallados por el tiempo y los cambios sociales.

Los casinos de Argentina
En la Provincia de Entre Ríos al norte de Argentina, el congreso local debate cambios a la Ley de Turismo que regula el sector del juego, donde los trabajadores de los casinos se han enfrentado a los políticos en los pasillos del congreso y han planteado sus objeciones a los cambios en la Ley centrando su ataque en la interpretación de la reforma legal mediante la cual existe “la posibilidad que abre la letra a inversores privados al mercado que hoy está en manos del Estado”.

El problema del sector del juego en Argentina, sin embargo, va más allá de las disputas provinciales, porque existen intereses de toda índole en las autorizaciones al juego en varias jurisdicciones, incluyendo los casinos flotantes de Buenos Aires y los millonarios slots del Hipódromo Argentino en Palermo. Para muchos, estos intereses no sirven la causa común como indica la Ley sino beneficia a quienes son partido de los poderes de turno.

Si bien es cierto que la preocupación de los trabajadores de Entre Ríos frente a privatizaciones favorecidas por apego político, compadrazgo, corrupción, o simple economía de mercado, afectaría los beneficios de la provincia, también es cierto que es bien difícil resistir el avance del desarrollo moderno que se presenta con inversiones privadas y tecnología de punta.

El comentario hecho por un directivo de Ente Ríos ante el desfase económico de las gestiones en los casinos de la provincia afirma que: “En los once meses de este año, los privados, cinco tipos, se están llevando de la provincia de Entre Ríos 160 millones de pesos (US $53 millones) y sobre el porcentaje que le queda al Estado, este tiene que hacerse cargo del IVA del 12 %. Los casinos no son deficitarios, los que los ha hecho deficitarios son los contratos firmados en gestiones anteriores que han hecho que cuatro o cinco personas se lleven toda la guita de Entre Ríos”.

Así como Colombia y Ecuador, Argentina requiere también de una legislación nacional para colocar al sector del juego bajo un reglamento uniforme con concesiones mediante licitaciones independientes. Solamente de esta forma se podrá evitar el duopolio que existe en la Ciudad de Buenos Aires donde la empresa nacional Casino Club y la española Cirsa controlan efectivamente los tres casinos de la capital argentina.

Las loterías de España
En España, un reporte que amenaza con huelga, la “Mesa de Asociaciones de Administraciones de Loterías, que engloba a las asociaciones de vendedores de loterías Apla, Anapal y Fenapal”, han convocado una nueva concentración frente al Ministerio de Hacienda el próximo 9 de diciembre para protestar por "las intenciones del Gobierno de privatizar" Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Según la MAA, “la inclusión de dos disposiciones adicionales, la 32 y la 34, en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2010, en las que se establece que las cerca de 4.000 administraciones de loterías existentes en España tendrán que elegir a partir del 1 de enero de 2010 quedarse en el régimen concesional actual o pasarse al régimen privado, que será obligatorio para las nuevas administraciones”.

Los llamados 'loteros' interpretan este cambio de régimen como “una liberalización encubierta del sector y tendrá como consecuencia la pérdida de millones de euros en ingresos la arcas del Estado, miles de empleos, y el tradicional billete de lotería con el objetivo de entregar la comercialización de los juegos del Estado a grandes compañías y multinacionales del juego privado".

Tanto en Argentina como España, el juego tiene legislación local, sea provincial o regional. En ambos países, el cambio y avance de nuevas modalidades en la industria del juego sigue creando zozobra entre la clase dirigente y trabajadora.

En una época donde el fatalismo azaroso se queda en los números del billete y los paños de mesa, tanto operadores como trabajadores y políticos entienden que la Legislación es algo que se determina mediante el trabajo conjunto de varias partes, y los cambios que se diseñen para el sector del juego u otra actividad debe ser uniforme para todos en sin dejarlos al criterio de presidentes mañosos o jerarcas corruptos.

Si los trabajadores de Entre Ríos o España se van a la huelga lo harán porque tiene sus expectativas fijas en los beneficios de una industria bondadosa y no por el solo hecho de protestar una causa, a la aventura. En este Siglo XXI, el progreso no es patrimonio de los conglomerados o los intereses particulares, porque los años de la protesta melenuda han dado paso a la determinada acción de trabajadores con conocimiento de causa. (S-12.07.09)