Tal como lo anunciáramos en una nota de julio del 2010, los empresarios y dueños de los 32 casinos que funcionan legalmente en Ecuador se preparan para iniciar acciones legales en el ámbito nacional e internacional, si la respuesta ciudadana al referéndum en el caso de que el pueblo apruebe la pregunta 2 de la consulta popular que prohíbe el funcionamiento de los juegos de azar.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó oficialmente al referéndum y consulta popular propuesta por el presidente Rafael Correa para el 7 de mayo próximo, y según los ejecutivos de los casinos legales en Ecuador, la pregunta es muy general y no identifica ni discrimina a los centros de diversión que operan legalmente y dentro de las unidades turísticas compuestas por hoteles.
Pedro Sánchez, representante de la empresa Apartec y gerente del casino Montecarlo, dice que en su empresa se perjudicaran 433 empleados, que quedarían sin trabajo por acción presidencial, mas según los cálculos de los representantes del sector, de votarse ‘Sí’ en el referéndum, se perderán alrededor de US $250 millones anuales que genera la actividad de los juegos de azar legales, y de los cuales también se beneficia el fisco.
En total, los casinos legales generan US $20 millones anuales al fisco ecuatoriano por impuesto a la renta, US $36 millones por aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por las 25 mil personas que laboran en este tipo de negocios, que perciben una masa salarial de US $170 millones anuales, además de ingresos de unos US $15 millones para los hoteles por concepto de arriendos y gastos generales.
Como toda industria que tiene servicios e industrias afines, aparte de los trabajadores en el sector de juegos de azar, existen en Ecuador unos 140.000 trabajadores en función indirecta con los casinos legales, como proveedores, importadores, taxistas, etc., quienes de una u otra manera están vinculados al sector, así como sus respectivas familias.
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En Ecuador, los casinos legales son servicios complementarios de los hoteles y que están debidamente registrados y controlados por entes como el Ministerio de Turismo y el Servicio de Rentas Internas, y su prohibición, con o sin plebiscito, viola la seguridad jurídica, el derecho constitucional al trabajo y pone en riesgo la inversión realizada.
Los propietarios de los casinos legales han dicho que esperan los resultados de la consulta popular para iniciar las acciones legales internas, además de llevar el caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU), y en última instancia a la Corte Internacional de La Haya.
Como en Rusia, de prosperar la aberrante consulta popular propuesta por el presidente Correa, se anticipa el surgimiento de los negocios clandestinos que perjudicarán al país, y el campo libre para los recursos de amparo de las empresas de salas de tragamonedas, ahora al margen de la Ley, que con ayuda o sin ayuda de funcionarios del estado, y la corrupción que esto implica, seguirán operando a sus anchas.
En nuestra nota de julio pasado, escribimos, que con la injerencia presidencial para cerrar los casinos en Ecuador, “se escuchaba el suave desliz de los sacapuntas afilando los lápices de constitucionalistas, abogados, legisladores, tinterillos, escribanos y charlatanes, alistando legajos para dar pelear judicial contra lo que sería un atropello constitucional de gran magnitud contra los casinos autorizados por el Ministerio de Turismo”. (S-03.09.11)
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